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Caso general Gonzalo SantelicesABUSO DEL “ALMA NACIONAL”General® Cheyre: ¿Mister Hyde? |
Mi país / 29 |
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Declaraciones y hechos sorprendentes han rodeado la “renuncia voluntaria” del general de división, Gonzalo Santelices, por su participación en la masacre de la quebrada del Way, en Antofagasta, donde la Caravana de la Muerte fusiló a 14 personas en 1973 El general había reconocido judicialmente que el 9 de octubre de 1973 sacó de la cárcel de Antofagasta a 14 “prisioneros de guerra” y los transportó en un camión del ejército hacia la pampa. Los presos políticos secuestrados, con la vista vendada y atados, fueron fusilados. Es obvio que con ese certificado de antecedentes no podía ostentar el cargo de Comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana. El oficial Gonzalo Santelices declaró al ser alejado de las filas que “me resulta incomprensible y doloroso este ataque al ejército, que en definitiva puede causar un grave daño a Chile, porque el odio solo engendra odio”. Primera falsedad, él no es el ejército. Segunda, el daño a Chile lo realizó el ejército. Porque afirmar que su salida puede causar un grave daño a Chile es excesivo. Es una megalomanía declarada que afecta a la jerarquía política, económica, militar y en cierta medida clerical. Es seguir usando mascaradas ideológicas decimonónicas como si Chile entero estuviera fijado al pasado. Pensar que al ser sindicado un general como partícipe de un crimen de lesa humanidad, pueda afectar a Chile sobrepasa la racionalidad mínima. Es perogrullada pero tal vez algunos creen que la gente es tan estúpida para no pensar que más bien el fusilamiento de 14 opositores afectó y afecta al Chile regido por leyes. Por mucho menos se condena a mapuches a diez años de cárcel. El general realiza otra trasgresión meditada al reemplazar la necesidad de justicia por la de una presunta “venganza” que animaría a quienes exigieron que una persona implicada en graves violaciones a los derechos humanos continúe en el alto mando del ejército. Su abogado, Marco Romero, declaró que estas “falsas imputaciones sólo buscan dañar la imagen de las instituciones y el honor militar”. El honor militar fue dañado por el propio general cuando participó en esa masacre y, naturalmente por el ejército que trapeó con ese honor, de dudosa existencia, bajo el régimen de Pinochet. No era una fatalidad que el joven oficial militar de ese entonces, 1973, cumpliera órdenes ilegales. Hay antecedentes de otros uniformados que se negaron a cumplir esas órdenes y que sobrevivieron. El que se haga justicia sin duda que puede contribuir a establecer un mínimo de decencia sobre el comportamiento militar, porque hablar de honor sobrepasa toda medida de la realidad. La argumentación militar-derechista va “in crescendo”: un familiar del general declaró que “más allá de sacar un rédito político con este tema, lo que están haciendo es enlodar el alma del país”. En esta aseveración existe un mensaje que toca la médula. Me refiero a la apropiación de la derecha y de los militares del “alma del país” o “el alma nacional”, “la patria”o la “chilenidad”. Los fariseos aún se creen propietarios de esa supuesta “alma chilena”. Este es un mito inventado por durante el siglo XIX con el objeto preciso de identificar alma, chilenidad o patria con la aristocracia y la jerarquía militar. Bien sabemos que no sólo la existencia del alma está en discusión. Y lo que supera todo ejercicio racional es afirmar que el general Santelices o el ejército sean el alma del país o el alma nacional. Y sostener que su salida implicaría enlodar el alma del país es una tontería que solamente pueden creer despistados o interesados como la derecha que lo propaga. Hace ya tiempo que estudios académicos han criticado la versión militar racial de la identidad chilena. Ya nadie sensato puede creer que las fuerzas armadas son la “reserva moral” de la patria. Muchos sostenemos que en el ejército todavía campea el pinochetismo y que en las fuerzas armadas aún existen uniformados que están relacionados con violaciones a los derechos humanos. El comunicado del ejército que afirmó que llamar a declarar a cuatro generales por la matanza de Paine afectaría la seguridad nacional es un ejemplo. En Paine fueron asesinados 22 campesinos en octubre de 1973. Cinco años más tarde fueron desenterrados sus cuerpos y lanzados al mar. El juez pidió al ejército información acerca de quienes fueron los integrantes del Comando de Aviación del Ejército que participó en la exhumación. El general de división, Alfredo Ewing Pinochet, por oficio del 19 de diciembre del 2007, negó la información pues sería “secreta por seguridad nacional” Precisamente, con este argumento, el de la seguridad nacional, los uniformados perpetraron las peores atrocidades que aún horrorizan a todo ser humano. Y como se advierte del comunicado del general Ewing Pinochet, el ejército persiste en esa ideología importada desde Estados Unidos. El general Santelices ha sido defendido por los políticos que se implicaron en el golpe militar y que participaron de él. Y por los militares en retiro, los conocidos de siempre más la novedad, para algunos, del ex comandante en jefe del ejército, general ® Juan Emilio Cheyre. También en la Concertación hubo algunas voces conciliadoras que atenuaron la responsabilidad del general Santelices aduciendo su poca edad o que recién iniciaba su carrera como oficial militar en 1973 cuando se perpetró la masacre. Esta posición fue representada por el ministro José Antonio Viera Gallo y en la iglesia por el obispo Contreras Villarroel. Con matices también estuvo en esta línea el actual comandante en jefe del ejército. En todos los casos aquellos que fueron funcionarios de la dictadura militar, con Jovino Novoa a la cabeza, son quienes realizan esfuerzos para mantener la impunidad. Afortunadamente la impunidad, en el caso de Chile, es acosada por la necesidad de justicia y reparación. En este ámbito el proceso que se iniciara en mayo en Francia tiene importancia por su repercusión internacional. Diecisiete esbirros del régimen militar de Pinochet serán procesados, aunque ausentes, por el Tribunal de lo Criminal de París por la desaparición de cuatro franceses detenidos por la DINA. En la lista aparecen militares que rindieron honores al crimen y a la desaparición de personas. Por eso hacer gárgaras ahora con el honor militar es persistir en una posición equivocada. El paso previo es reconstruir el honor militar. Muchos se sorprendieron de las declaraciones del ex comandante en jefe del ejercito, general ® Juan Emilio Cheyre. Es de interés desgranar la carta abierta de Cheyre porque aunque expone formulaciones nuevas ha producido, al mismo tiempo, confusión lo que se evidencia por los comentarios que he leído al respecto. Lamentablemente aún no tengo el texto completo, pero se han publicado algunas partes de la carta. Lo que debe ser rechazado de inmediato es el ataque de Cheyre al diario La Nación. Pidió que se clausurara porque informa de procedimientos y documentos judiciales. La posición de Cheyre es inaceptable, así procedió la dictadura militar que permitió la circulación solo de los medios que formaban parte del mismo sistema militar, como El Mercurio. Reclamó el general en retiro porque el actual gobierno no habría cumplido los acuerdos logrados con el ex presidente Lagos en cuanto a mantener impunidad con los generales en servicio activo mientras no sean procesados. Protestó porque se estaría intentado imponer una sanción moral precisamente a quienes han asumido la verdad. Acusó al gobierno de ejercer una presión indebida a la única institución (se refiere al ejercito) que ha dado la cara y ha dicho la verdad, y ha ido a responder ante los tribunales. Esta es una evidente falsedad pues los oficiales del ejército han ido a los tribunales no voluntariamente sino por órdenes judiciales, lo que es muy distinto. El ejército nunca dio la cara, fue obligado por las denuncias y la presión de los familiares de las víctimas y los abogados defensores de los derechos humanos. El ejército, hasta ahora, oculta parte de la verdad. La declaración de Cheyre rebosa odio anticomunista y contra la izquierda al descalificar el homenaje que recibió a su muerte el escritor y dirigente político, Volodia Teitelboim. Esa es la ideología que legitimó el crimen y desaparición de opositores. El general Cheyre se cree propietario del himno nacional y lo contrapone a quienes cantaron la internacional en los funerales de Teitelboim. Sin embargo, ninguna estrofa del himno nacional se merecen militares procesados. El himno realza a los fundadores de la patria, los cuales no fueron torturadores. El aspecto más controvertido de sus declaraciones se refiere a la responsabilidad de la izquierda, la democracia cristiana y la derecha en cuanto a cultivar el odio y provocar la crisis de 1973. Y propone que ninguno de aquellos que causaron esa crisis, que pidieron el golpe, que empuñaron las armas y apoyaron a los terroristas ocupe responsabilidades de gobierno y/o de estado. Lo nuevo es que un general de ejército en retiro nombre las responsabilidades de la Democracia Cristiana y de la derecha en el golpe de 1973. La versión que leí en la página del ejército, en Internet, es otra. Y es importante porque estos partidos no han reconocido su actividad sediciosa en preparar el golpe. La Democracia Cristiana no ha admitido oficialmente su complicidad y autoría. En el caso de la derecha, ésta integró la dictadura y aún defiende ese régimen criminal. Que lo reconozca es pedirle peras al olmo. Cheyre sostiene que hay pocos con la estatura moral como para andar pidiéndole pruebas de moralidad al ejército. Puede ser que tenga razón si se refiere a la clase política dominante. Pero tanto los partidos políticos que desde el primer momento lucharon por el restablecimiento de la democracia y los familiares de las víctimas de la dictadura tienen suficiente autoridad moral para pedirle cuentas a las fuerzas armadas. Lo han hecho, y lo seguirán haciendo. Es un deber patriótico, en el mejor sentido de la palabra. El general Cheyre confunde el plano político con los niveles delictuales en los que cayeron las fuerzas armadas y, en particular el ejército. Quienes detuvieron en forma ilegal, ejecutaron, torturaron, exiliaron e hicieron desaparecer chilenos fueron las fuerzas armadas, fue el ejército. Y lo que se está justamente sancionando son crímenes de lesa humanidad, y eso los perpetraron uniformados en la mayoría de los casos.
Miguel Gómez S. 16-02-2008 |
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